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ACUSACIÓN FISCAL DE LA PRIMERA FISCALÍA SUPREMA PENAL CONTRA ALBERTO FUJIMORI

Casos Barrios Altos, La Cantuta y Sótanos del SIE

- RESUMEN -

El 29 de octubre de 2007, la Primera Fiscalía Suprema Penal formuló acusación penal contra el ex presidente del Perú, Alberto Fujimori Fujimori, por el delito de homicidio calificado (Asesinato), en agravio de las víctimas de los hechos de los casos “Barrios Altos” y “La Cantuta”, por el delito de lesiones graves, en agravio de los sobrevivientes de la matanza de Barrios Altos y por el delito de secuestro, en agravio del empresario Samuel Dyer Ampudia y del periodista Gustavo Gorriti Ellenbogen.

Fujimori es sindicado como autor de los delitos antes mencionados, en su calidad de ex jefe de estado, y como tal, responsable de la adopción de una política de estado secreta y clandestina de lucha contra el terrorismo que contempló la utilización de métodos ilegales como la eliminación física de presuntos subversivos, y abiertamente contrarios al marco constitucional vigente, lo que es conocido como guerra de baja intensidad.

Conforme a la legislación adoptada durante su gobierno, Fujimori centralizó en su persona importantes actividades concernientes a la lucha contra el terrorismo, como el de arrogarse en exclusiva la facultad de decidir y manejar personalmente la política asumida por el Estado peruano sobre dicho tema, para lo cual tuvo como principal ente coordinador al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), cuyo jefe real fue Vladimiro Montesinos Torres.

Para tales fines, Fujimori proporcionó al SIN los recursos económicos y humanos necesarios para llevar a cabo la política secreta y clandestina de lucha contra el terrorismo, a la par de la política oficial y pública sobre el mismo tema, que era expuesta en los discursos oficiales, en los mensajes y los documentos públicos y conforme al marco constitucional y legal de aquel entonces.

Así, el autodenominado grupo “Colina” fue organizado como parte de la estrategia alterna y paralela de lucha contra la subversión. Este estuvo conformado por miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército peruano que se encontraban en actividad, quienes fueron responsables, además de los casos Barrios Altos y La Cantuta, de otros hechos que vienen siendo objeto de procesos penales e investigaciones por parte del Ministerio Público.

Como parte de sus acciones, el 3 de noviembre de 1991, a las 10:30 de la noche, integrantes del grupo Colina ingresaron, fuertemente armados, al inmueble ubicado en el jirón Huanta 840, en Barrios Altos (Lima), donde se llevaba a cabo una actividad social “pollada”, obligando a los asistentes arrojarse al piso, para luego acribillarlos a tiros; producto de dicha incursión fallecieron 15 personas, entre ellas un niño (Luis León Borja, Luis Diaz Astovilca, Alejandro Rosales Alejandro, Placentina Chumbipuma Aguirre, Octavio Huamanyauri Nolasco, Filomeno León León, Maximo León León, Luis Quispe Huanaco, Tito Ramírez Alberto, Teobaldo Rios Lira, Manuel Rios Perez, Nelly Rubina Arquiñigo, Odar Sifuentes Nuñez, Benedicta Yanque Churo y Javier Manuel Rios Rojas), y otras 4 quedaron gravemente heridos (Natividad Condorcahuana Chicaza, Felipe León León, Tomás Livias Ortega y Alfonso Rodas Albites). Este grupo armado llegó al lugar en dos camionetas 4x4, de uso oficial, ambas con lunas polarizadas, sin placas de rodaje, con sirenas y circulinas.

Posteriormente, el 18 de julio de 1992, miembros del grupo Colina ingresaron fuertemente armados y vistiendo pasamontañas a la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, conocida como “La Cantuta”. Contaron con el apoyo de la División de Fuerzas Especiales del Ejército, la cual tenía una base militar acantonada en dicho lugar. Como resultado de la incursión fueron detenidos 9 estudiantes (Robert Teodoro Espinoza, Marcelino Rosales Cardenas, Juan Mariños Figueroa, Felipe Flores Chipana, Luis Ortiz Perea, Armando Amaro Cóndor, Heráclides Pablo Meza, Bertila Lozano Torres y Dora Oyague Fierro) y un profesor (Hugo Muñoz Sánchez), quienes fueron asesinados a la altura del km 1.5 de la autopsia Ramiro Prialé, donde sus restos fueron incinerados enterrados y posteriormente trasladados y enterrados a un lugar denominado quebrada de Chavilca, en el distrito de Cieneguilla (Lima).

Estos hechos fueron de conocimiento de los más altos mandos de las Fuerzas Armadas y además corroborados por el permanente apoyo económico y logístico con el que contó el grupo Colina para sus acciones, en tanto parte de un aparato de poder que tuvo como jefe máximo al ex presidente Alberto Fujimori Fujimori, quien garantizó, a su vez, la impunidad del accionar de dicho grupo.

Respecto al secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Dyer Ampudia, los hechos se produjeron con conocimiento y aprobación del Alberto Fujimori, quien conocía la existencia de calabozos en el sótano del local del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). Así, se atribuye a Alberto Fujimori haber planificado y ordenado –conjuntamente con Vladimiro Montesinos– que miembros del Ejército secuestraran al periodista Gustavo Gorriti, hecho ocurrido en su domicilio el 6 de abril de 1992, y luego trasladarlo al SIE. Asimismo, se le atribuye haber planificado y ordenado que personal militar secuestre Samuel Dyer Ampudia, el 27 de julio de 1992, mientras se encontraba en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, en circunstancias que se disponía a abordar un vuelo a Estados Unidos.

Por estos delitos, el Fiscal Supremo José Antonio Peláez Bardales solicitó que se imponga contra Fujimori una pena de prisión de 30 años, y el pago de una indemnización por la suma de 100 mil nuevos soles a favor de los agraviados de “Barrios Altos” y “La Cantuta”, y 300 mil soles a favor de Dyer Ampudia y Gorriti Ellenbongen.