Durante el gobierno de Alberto Fujimori, en paralelo a los quiebres a la institucionalidad democrática, se desarrollan una serie de medidas “a favor” de la mujer: se crea el Ministerio de la Mujer, se promueven cuotas para mujeres en las listas para elecciones municipales y congresales, se desarrollan programas de educación sexual para escolares, servicios de planificación familiar, incluida la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), etc. Esta apertura hacia tales temas cobró aún más forma cuando Fujimori participó en la IV Conferencia Internacional de la Mujer (Pekín, 1995). Fue el único mandatario de Estado que intervino en dicha conferencia. Así, la Conferencia de Pekín abría las posibilidades de ofrecer en los servicios públicos el procedimiento de la AQV, y que éste sea reconocido por los profesionales del campo de la salud como un avance.
Fujimori había asumido que el método de planificación familiar más eficiente, en términos costo/beneficio, para disminuir el ritmo del crecimiento demográfico, era la ligadura de trompas. A partir de ello, aún cuando no se cuente con evidencias contundentes, las demás opciones de métodos anticonceptivos desaparecieron de los servicios públicos por decisión del propio Ejecutivo. En efecto, el programa se politiza porque el presidente asume, en concreto, que ésa es una de sus estrategias más importantes de lucha contra la pobreza.
Ya en 1996, diversas denuncias periodísticas detectaron la puesta en marcha de un programa de planificación familiar que priorizaba la oferta del método de ligadura de trompas en los establecimientos públicos ubicados en las zonas más pobres del país. Se denunció que el convencimiento a las mujeres era apoyado por el ofrecimiento de alimentos donados a postas de salud.
Entre 1997 y 1998 se evidenció que el gobierno había establecido metas numéricas de AQV para los establecimientos de salud; que sus funcionarios, médicos o enfermeras, recibían cuotas de captación de usuarios de este método con beneficios o sanciones si las cumplían o no; que en diversas ciudades o pueblos, sobre todo andinos, se realizaban festivales o campañas de ligaduras de trompas. Se recogieron testimonios de mujeres que no habían dado su consentimiento para la intervención quirúrgica, que no habían sido debidamente informadas, que habían recibido alimentos u otros beneficios materiales. En otros casos, que las intervenciones se habían realizado en condiciones inadecuadas, y que incluso habían ocasionado la muerte.
Las numerosas denuncias publicadas por la prensa internacional daban cuenta de 250 mil mujeres peruanas que habían quedado estériles, muchas de ellas sin su consentimiento.
Entre 1998 y el 2000, la Defensoría del Pueblo recibió más de un centenar de denuncias de mujeres que fueron sometidas a ligaduras de trompa bajo presiones, amenazas o engaños, llegando, algunas de ellas, a perder la vida.
Uno de los casos más conocido es el de Mamérita Mestanza Chávez, quien en 1998 falleció tras habérsele practicado una intervención quirúrgica anticonceptiva. En marzo de 2001, el gobierno peruano aceptó la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de indemnizar económicamente a sus familiares, así como investigar el hecho, sancionar a los responsables y tomar medidas que no se repitan situaciones similares. En este momento existe una comisión encargada de buscar una solución efectiva.
Otros casos de mujeres afectadas por el programa de esterilización promovido por el régimen de Fujimori son:
Alejandrina Tapia Cruz (35), quien el 22 de setiembre de 1996, fue intervenida en el Centro de Salud de Cajacay, muriendo al día siguiente de peritonitis. La convencieron de someterse a una ligadura en una feria de planificación familiar que el Ministerio de Salud llevó a cabo en la comunidad.
En el mismo centro fue intervenida Carmen Santa (26). Le dijeron que sólo le atarían las trompas y que podría desatarlas cuando quisiera tener otro hijo. Pero la sometieron a una ligadura permanente.
Bernardina Alva (26) aceptó someterse a una ligadura de trompas porque le ofrecieron ropa y alimentos para sus hijos. El 20 de diciembre de 1996 fue intervenida en el Hospital Rural de Tocache. Y como ella era analfabeta, nunca supo lo que decía el documento en el colocó su huella digital, que ella supone era una autorización.
En noviembre de 1997 una enfermera de la posta médica de Mollepata visitó la casa de Norma Velásquez Delgado (19), para convencerla de ser esterilizada. La joven recién supo que se trataba de una intervención quirúrgica hasta después de que se la practicaron.
Damiana Barrientos fue internada en el Instituto Perinatal de Lima, ex Maternidad, el 23 de marzo de 1999, para hacerle una cesárea. Su niño murió, pero sin decirle nada le ligaron las trompas. Ella se enteró del hecho tres días después. Tres meses más tarde presentó una denuncia ante el Ministerio Público, sin respuesta hasta ahora.
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