Señala perito José Luis García: “El presidente es quien dice cómo hay que hacer la guerra”
Con una sólida y enfática participación culminó de rendir su instrucción el perito José Luis García, en el marco de la nonagésimo sexta audiencia del juicio a Fujimori.
El Coronel dijo en un momento de su exposición: “Es el presidente el que dice cómo hay que hacer la guerra. Dentro de ese marco, los dominios generan sus propias estrategias”. Ante la insistencia del abogado del acusado de librar de responsabilidad a Fujimori como parte central de una cadena de mando, el perito respondió: “El Ejército no son compartimentos. Son rangos que van interrelacionados y encuadrados en lo dispuesto por el presidente, que en su carácter de jefe supremo de las fuerzas armadas ejerce decisiones. La visión del presidente manda sobre el dominio militar”, enfatizó.
José Luis García fue claro al referirse al Manual de Guerra No Convencional, aludiendo que condensa las disposiciones del mando militar y que no pueden tomarse aisladamente. “Forman parte de toda una estructura, encuadran dentro de lo dispuesto por la mayor autoridad. Nadie puede hacer lo que le parece, si tomamos las disposiciones aisladamente, pierden el sentido”, señaló.
La audiencia se llevaba a cabo con normalidad, cuando se produjo un incidente entre la partidaria fujimorista Luz Salgado y uno de los familiares del Caso Santa, en la sala auxiliar. Alberto Noriega, hermano de Jesús Noriega, desaparecido en la localidad de Santa (Ancash), en 1992, a manos del grupo Colina, fue expulsado de la DIROES por un cruce de palabras con la congresista, y cuando se disponía a abandonar la zona fue interceptado por personas que sin identificarse lo llamaron por su nombre y le hicieron notar intenciones de agresión. Noriega intentó volver a ingresar al local para proteger su integridad, denunciando que podría ser víctima de alguna represalia por parte de los desconocidos, pero su pedido fue negado. “Es tu problema” le contestó el encargado de la recepción de la sede policial.
El juicio continuará el día lunes 8 con la participación de la analista norteamericana Kate Doyle.
Jueves 4 de Setiembre de 2008
Fujimori tenía que saber de las matanzas
Demoledor. El coronel argentino Luis García afirmó que las operaciones de inteligencia requieren garantía de impunidad
El abogado de Alberto Fujimori, César Nakazaki, tuvo que pedir tiempo para reorganizar su contrainterrogatorio, luego de que el coronel del Ejército argentino, Luis García Solórzano, presentara un contundente peritaje a favor de la responsabilidad de su cliente.
"¿Podemos proseguir el interrogatorio el viernes? Necesitó revisar la documentación", dijo Nakazaki al tribunal a las 12:45 del día, cuando apenas había hecho unas cuantas preguntas debidamente contestadas por el perito.
Luego de algunas deliberaciones, la Sala aceptó posponer la audiencia para el viernes, a partir de las 9 de la mañana, con lo que el coronel García se convierte en el primer perito en intervenir en más de una audiencia. (ampliación)
Diario La República , Lima, 03/09/2008 ‘‘No detener un crimen es síntoma de que se ha participado en él’’
JOSÉ MARTÍN PALLÍN. El juez emérito de la Corte Suprema de España estuvo en Lima para exponer ante la sala que juzga a Alberto Fujimori las características de los crímenes de Estado.
Usted ha dicho que la experiencia histórica indica que en los crímenes de estado siempre hay un plan en el que participan las cabezas del gobierno. ¿Qué casos pondría como ejemplo?
Cité el caso del hundimiento del Rainbow Warrior, el barco de Greenpeace, por parte de los servicios secretos franceses. Francia iba a realizar pruebas nucleares en el Atolón de Mururoa y Greenpeace iba a trasladar su barco a la zona en señal de protesta. En principio solamente se quería hundir el barco, pero un fotógrafo que viajaba con la ONG murió. En mi país, en España, está el caso del GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), activo en los ochentas. Y también son crímenes de Estado, aunque con un matiz diferencial, los casos de la junta militar en Argentina y el de Augusto Pinochet en Chile.
¿Cuál es la diferencia?
Que ni en Argentina ni en Chile existía una situación democrática como en Francia o en España. Pero también, en definitiva, hay planificación de la dirigencia del estado, y hasta existen reconocimientos explícitos en el sentido de que se justificaban las acciones tomadas. Hace unos días pude ver por televisión a uno de los jerarcas de la dictadura argentina, recientemente sentenciado a cadena perpetua, diciendo que pretendía salvar a su país del comunismo.
En dictadura o en estado de derecho, el crimen es el mismo.
Yo veo al crimen de Estado como una excepcionalidad del estado de derecho, cuando existe estado de derecho.
Entonces, se interrumpe el estado de derecho...
Por supuesto. Se rompe el estado de derecho y se utilizan atajos, alcantarillas o vías subterráneas que no respetan las reglas del juego. Lo que se piensa es: acá el derecho es un estorbo.
¿Y estos crímenes siempre alcanzan a los líderes de los regímenes?
No necesariamente. Debe revisarse cada caso concreto. Y en el caso peruano, eso lo deberá determinar el tribunal en base a las pruebas aportadas. En derecho penal, las grandes teorías no pueden aplicarse automáticamente sino teniendo en cuenta circunstancias particulares. Solo después de un proceso de valoración puede decidirse si tal acción podía haberse realizado sin conocimiento o participación de altas esferas del Estado.
Pero el líder de un gobierno debería estar enterado de las acciones terroristas perpetradas desde el Estado.
Por un lado, efectivamente, eso es así. Y ahí entramos en un tema de omisión o negligencia. En el juicio se habló, por parte de uno de los magistrados, de la negligencia intencional. A ver... del mismo modo que un gobernante pretende que se le reconozcan sus logros en cualquier materia, le corresponde admitir que las cosas negativas también son de su responsabilidad.
Lo que sí queda claro es que un jefe de Estado no suele dejar huellas directas de su responsabilidad, llámese rastros documentales con órdenes.
Puede haber de todo, desde una acción directa, que no es habitual, ciertamente. O la aprobación de un plan operativo de guerra sucia al que se le da el visto bueno. Ahora bien, la sugerencia racional, verosímil, probable es que un crimen de Estado no se puede hacer sin que alguien haya dado una orden, o consentido o dirigido la acción.
¿Y el delito estaría en hacerse el desentendido o en no detener la acción?
En ambas situaciones. No detener el crimen es un síntoma de que se ha participado en él. Pero también cabe la posibilidad de que un gobernante se entere de que algo grave ha pasado e intente encubrir el hecho.
¿Cómo un ex gobernante podría probar que él no tuvo responsabilidad en un crimen de Estado?
Una prueba negativa es creíble o no dependiendo de las circunstancias que rodean al caso. Parece que la posición asumida durante el proceso por parte de la defensa es: "Yo no he sido. Yo no he tenido nada que ver con esto".
‘‘TODO FORMA PARTE DEL DISEÑO DE UN CRIMEN DE ESTADO’’
La defensa de Fujimori habla de una estrategia antisubversiva tan exitosa que no había necesidad de alentar la guerra sucia.
Bueno, pero no es incompatible que por un lado se haya empleado una política antisubversiva exitosa y, por el otro, se haya desarrollado, en un periodo de tiempo determinado, estrategias de guerra sucia.
¿Hay una suerte de criterio común en la perpetración de los crímenes de estado? ¿Algo así como un manual de uso?
Hay condiciones para que todos participen: Si nos descubren, pues ocultaremos las pruebas. Si piden las pruebas, diremos que nos las tenemos, que se han destruido o que son secretas. Si a pesar de eso, uno de los que participaron se arrepiente y confiesa, diremos que está mintiendo. Pondremos trabas para que no se celebre el juicio. Si se celebra, y hay sentencia condenatoria, daremos una amnistía o garantizaremos un régimen carcelario benigno o corto. Todo esto forma parte del diseño de cualquier crimen de Estado.
¿Cómo cree que se está llevando a cabo el juicio?
Por las informaciones que nos llegan, el hecho de que haya durado casi un año, que hayan pasado cerca de 80 testigos, que se hayan incluido peritos y expertos, habla muy bien del proceso.
Miercoles 3 de Setiembre de 2008
Coronel José Luis García señala que operativos de inteligencia responden a objetivos políticos
“Dejar órdenes escritas significa dejar evidencia de lo actuado”
El perito en asuntos de seguridad nacional, Coronel José Luis García, testificó hoy en la sesión nonagésimo quinta del juicio a Alberto Fujimori, en sede de la DIROES.
García hizo una exposición acerca de la Doctrina de Seguridad Nacional Interamericana, la que según dijo es responsable de tantas violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en Latinoamérica, al formar a varias generaciones de oficiales en temas como tortura, maltrato y eliminación de personas. “La llamada Guerra de Baja Intensidad, o Guerra Sucia, se creó para que las fuerzas armadas ejercieran control sobre la propia población, bajo las operaciones especiales de inteligencia, cuando su verdadero rol es preservar el orden con el enemigo exterior. Están preparadas para eliminar al enemigo en una situación de guerra, no para controlar manzanas, ni calles, ni avenidas, ni a la ciudadanía. Esa es labor de la policía”, dijo.
El especialista argentino explicó el término “Responsabilidad de Comando” según el cual, el Presidente manda como máxima autoridad elegida por la población, y en casos como los ocurridos en Barrios Altos o La Cantuta, se crea una garantía de impunidad para los ejecutores, dentro de toda la estructura de mando que lidera. “El Presidente –Fujimori– ejercía el mando y el comando de las Fuerzas Armadas, según las atribuciones de la legislación peruana”, enfatizó.
Finalizó destacando que en los operativos especiales de inteligencia, las órdenes son verbales, “porque dejar órdenes escritas significa dejar evidencia de lo actuado y estos operativos responden a objetivos políticos, como parte de una estrategia en lucha antisubversiva”.
Gloria Cano: “García confirma que los operativos se originan a partir de decisiones políticas”
La doctora Gloria Cano destacó lo dicho por el Coronel García en relación a que todas las estas acciones de lucha antisubversiva clandestinas no solo han ocurrido en Perú sino en Latinoamérica y forman parte de la doctrina de seguridad nacional que impartía Estados Unidos. “Las eliminaciones, desapariciones, torturas, siempre se hicieron de forma clandestina, nunca se dejó órdenes escritas y se cuidaban mucho de dar garantías de impunidad a toda la cadena que participaba y ejecutaba estos operativos. Lo que se realiza son homicidios, por ello, garantizar la impunidad es parte de esta política de encubrimiento”, señaló la abogada.
“Es importante también que haya sido claro en decir que todo este accionar está sujeto a decisiones políticas del gobernante, y que tanto la realización de operativos, como la impunidad que se les garantizó como parte de una política de Estado, calza perfectamente con lo que ocurrió aquí en los casos de Barrios Altos, La Cantuta y otros casos”, añadió Cano.
Diario La República , Lima, 03/09/2008 ‘‘No detener un crimen es síntoma de que se ha participado en él’’
JOSÉ MARTÍN PALLÍN. El juez emérito de la Corte Suprema de España estuvo en Lima para exponer ante la sala que juzga a Alberto Fujimori las características de los crímenes de Estado.
Usted ha dicho que la experiencia histórica indica que en los crímenes de estado siempre hay un plan en el que participan las cabezas del gobierno. ¿Qué casos pondría como ejemplo?
Cité el caso del hundimiento del Rainbow Warrior, el barco de Greenpeace, por parte de los servicios secretos franceses. Francia iba a realizar pruebas nucleares en el Atolón de Mururoa y Greenpeace iba a trasladar su barco a la zona en señal de protesta. En principio solamente se quería hundir el barco, pero un fotógrafo que viajaba con la ONG murió. En mi país, en España, está el caso del GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), activo en los ochentas. Y también son crímenes de Estado, aunque con un matiz diferencial, los casos de la junta militar en Argentina y el de Augusto Pinochet en Chile.
¿Cuál es la diferencia?
Que ni en Argentina ni en Chile existía una situación democrática como en Francia o en España. Pero también, en definitiva, hay planificación de la dirigencia del estado, y hasta existen reconocimientos explícitos en el sentido de que se justificaban las acciones tomadas. Hace unos días pude ver por televisión a uno de los jerarcas de la dictadura argentina, recientemente sentenciado a cadena perpetua, diciendo que pretendía salvar a su país del comunismo.
En dictadura o en estado de derecho, el crimen es el mismo.
Yo veo al crimen de Estado como una excepcionalidad del estado de derecho, cuando existe estado de derecho.
Entonces, se interrumpe el estado de derecho...
Por supuesto. Se rompe el estado de derecho y se utilizan atajos, alcantarillas o vías subterráneas que no respetan las reglas del juego. Lo que se piensa es: acá el derecho es un estorbo.
¿Y estos crímenes siempre alcanzan a los líderes de los regímenes?
No necesariamente. Debe revisarse cada caso concreto. Y en el caso peruano, eso lo deberá determinar el tribunal en base a las pruebas aportadas. En derecho penal, las grandes teorías no pueden aplicarse automáticamente sino teniendo en cuenta circunstancias particulares. Solo después de un proceso de valoración puede decidirse si tal acción podía haberse realizado sin conocimiento o participación de altas esferas del Estado.
Pero el líder de un gobierno debería estar enterado de las acciones terroristas perpetradas desde el Estado.
Por un lado, efectivamente, eso es así. Y ahí entramos en un tema de omisión o negligencia. En el juicio se habló, por parte de uno de los magistrados, de la negligencia intencional. A ver... del mismo modo que un gobernante pretende que se le reconozcan sus logros en cualquier materia, le corresponde admitir que las cosas negativas también son de su responsabilidad.
Lo que sí queda claro es que un jefe de Estado no suele dejar huellas directas de su responsabilidad, llámese rastros documentales con órdenes.
Puede haber de todo, desde una acción directa, que no es habitual, ciertamente. O la aprobación de un plan operativo de guerra sucia al que se le da el visto bueno. Ahora bien, la sugerencia racional, verosímil, probable es que un crimen de Estado no se puede hacer sin que alguien haya dado una orden, o consentido o dirigido la acción.
¿Y el delito estaría en hacerse el desentendido o en no detener la acción?
En ambas situaciones. No detener el crimen es un síntoma de que se ha participado en él. Pero también cabe la posibilidad de que un gobernante se entere de que algo grave ha pasado e intente encubrir el hecho.
¿Cómo un ex gobernante podría probar que él no tuvo responsabilidad en un crimen de Estado?
Una prueba negativa es creíble o no dependiendo de las circunstancias que rodean al caso. Parece que la posición asumida durante el proceso por parte de la defensa es: "Yo no he sido. Yo no he tenido nada que ver con esto".
‘‘TODO FORMA PARTE DEL DISEÑO DE UN CRIMEN DE ESTADO’’
La defensa de Fujimori habla de una estrategia antisubversiva tan exitosa que no había necesidad de alentar la guerra sucia.
Bueno, pero no es incompatible que por un lado se haya empleado una política antisubversiva exitosa y, por el otro, se haya desarrollado, en un periodo de tiempo determinado, estrategias de guerra sucia.
¿Hay una suerte de criterio común en la perpetración de los crímenes de estado? ¿Algo así como un manual de uso?
Hay condiciones para que todos participen: Si nos descubren, pues ocultaremos las pruebas. Si piden las pruebas, diremos que nos las tenemos, que se han destruido o que son secretas. Si a pesar de eso, uno de los que participaron se arrepiente y confiesa, diremos que está mintiendo. Pondremos trabas para que no se celebre el juicio. Si se celebra, y hay sentencia condenatoria, daremos una amnistía o garantizaremos un régimen carcelario benigno o corto. Todo esto forma parte del diseño de cualquier crimen de Estado.
¿Cómo cree que se está llevando a cabo el juicio?
Por las informaciones que nos llegan, el hecho de que haya durado casi un año, que hayan pasado cerca de 80 testigos, que se hayan incluido peritos y expertos, habla muy bien del proceso.
Jueves 28 de Agosto de 2008
Caretas, Lima, 28/08/2008
Justicia :::: Declaración en la corte de juristas internacionales e informes amicus curiae ponen a la defensa de Fujimori contra las cuerdas de la jurisprudencia. La Guerra de los Peritos
Es como si luego del partido de locales viniera una selección visitante con ganas de arrasar. Tras ocho meses en el largo desfile de testigos en el histórico juicio contra el ex presidente Alberto Fujimori, ahora los peritos foráneos describen un contexto de jurisprudencia internacional que muy poco le favorece. La cuestión de fondo es si Fujimori será sentenciado como autor mediato de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Y los invitados al tribunal se han dedicado a trazar varios caminos posibles para llegar a ese punto.
Juan Méndez, ex presidente de la Comisión Interamericana de DDHH que presentó comprometedor informe sobre casos similares en la región.
Rompió fuegos el jurista colombo-francés Federico Andreu-Guzmán, actual Consejero General de la Comisión Internacional de Juristas, que declaró a pedido de la Asociación Pro Derechos Humanos.
Para Andreu se puede inferir que una orden criminal efectivamente se dio a partir de determinados elementos como el apoyo o respaldo que se da a los ejecutores.
CARETAS ENTREVISTÓ a Andreu y a José Antonio Martín Pallín. El último es un magistrado del Tribunal Supremo de España reconocido por su larga carrera en materia de Derechos Humanos, quien este miércoles 27 también declaró en la sala de la Diroes.
Lo que más le llamó la atención a Andreu es aquello que calificó de la falta de argumentos del abogado defensor, César Nakazaki. “Me pareció que no había una estrategia de defensa, salvo la de golpear a los peritos y testigos de cargo. En realidad no noté argumentos ni tampoco ningún contenido, lo que debería preocupar a Fujimori”, dijo. (ampliación)
Miercoles 27 de Agosto de 2008
Perito José Martín Pallín analiza figura de Crímenes de Estado
El Magistrado español José Martín Pallín instruyó al Tribunal que juzga a Alberto Fujimori en temas como los crímenes de estado y ocultamiento de pruebas, en el marco de la audiencia número noventa y cuatro, en la sede de la DIROES.
Martín Pallín señaló que el llamado “Crimen de Estado” responde a un diseño, organización y ejecución, a través de un plan en el que participan las fuerzas de seguridad, los servicios secretos, la policía y el ejército: “En este diseño participan también las cabezas dirigentes, es decir las cúpulas del Estado y se toman las medidas necesarias para evitar vestigios o pruebas.
Lo normal es que se busque borrar las pruebas, o si existieran, ampararse en el llamado secreto oficial”, señaló. También explicó cómo mediante un pacto de cumplimiento de la pena, se puede dar la figura de “penas simbólicas o atenuadas”, que a la larga solo generan impunidad, como las leyes de amnistía.
El perito afirmó también que la figura de Crimen de Estado tanto en estados propiamente criminales como la Alemania nazi, como en sistemas democráticos.
Gloria Cano: “Lo dicho por Martín Pallín calza perfectamente con lo ocurrido durante el gobierno de Fujimori”
La doctora Cano resaltó la exposición del magistrado José Martín Pallín, en tanto en los crímenes cometidos desde instancias estatales, es poco probable que se puedan encontrar pruebas escritas porque ya desde la planificación se está viendo de antemano las posibilidades del ocultamiento de las evidencias y en los procesos internacionales es normal por las mismas características del delito acudir a la suma de pruebas.
“El Doctor Martín Pallín ha hablado de un diseño y de garantías de impunidad o rebajas de pena, que están de antemano planificadas para poder lograr el ocultamiento de las verdaderas responsabilidades. Todo ello calza con lo ocurrido durante el gobierno de Fujimori, con los reconocimientos al Grupo Colina y la ley de amnistía que los eximió de culpa por los crímenes que habían cometido”, finalizó.
La República, Lima, 27/08/2008
ENTREVISTA DE HOY “Dicen que no debemos hablar, pero tenemos derecho a la indignación”
PADRE GASTÓN GARATEA. El sacerdote, ex miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, niega persecución a los militares y precisa que solo denunciaron a los violadores de DDHH.
María Elena Castillo.
Después de cinco años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), ¿cuál es su balance?
El gobierno ha hecho algún trabajo en el tema de reparaciones. Nos parece muy poco el dinero invertido, pero algo ha hecho. Ha dado una ley de reparaciones y creado dos comisiones, una que tiene que ver precisamente con las reparaciones, y otra de alto nivel para el seguimiento de las recomendaciones de la CVR. Tenemos que reconocer que se ha avanzado en algo.
¿Y cree usted que lo avanzado concuerda con el tiempo que ha transcurrido?Es verdad que a nosotros nos gustaría que se avanzara más, y que las reparaciones sean más efectivas, que se repare a las personas; porque las reparaciones tienen que ser personales o comunitarias, y tienen que ser ambas porque la gente y las comunidades han sufrido mucho.
Para algunas autoridades, como el ministro de Defensa y el vicepresidente de la República, el informe de la CVR no ayudó a pacificar el país, sino a abrir más las heridas…
Se quejan porque pedimos que se cumpla con las recomendaciones. Dicen que ya no somos comisionados de nada y que no debemos hablar, pero si la Comisión terminó, tenemos el derecho a la indignación, al pataleo, a la crítica. Tenemos derecho a opinar como ciudadanos, por eso decimos lo bueno y lo malo. Y si bien en reparaciones se ha avanzado algo, no ha sido así en el derecho a la justicia de los familiares. Con sus insultos no nos van a silenciar.
Abogados defensores de derechos humanos han denunciado que los militares se niegan a dar información…
Eso es cierto y es muy lamentable porque algunos militares están escapando. Eso lo sabemos y no nos podemos callar. Y ahí hay una falta muy grave. Como el caso de Putis, que raya con el genocidio. Fue una matanza del Ejército, de eso no cabe duda, y no se pueden callar las bestialidades que se cometieron. Se tiene que encontrar a los responsables y lo vamos a seguir diciendo, aunque nos insulten por eso.
¿Aunque sigan diciendo que la CVR está contra los militares?
La Comisión no atacó a los militares en general, solo denunciamos a los que cometieron graves violaciones de los derechos humanos. No decimos que los militares fueron los malos de la película. En el informe se señala que los causantes y mayores responsables de las muertes fueron los de Sendero Luminoso. Eso está en la primera página del informe.
Evidentemente, siguen abiertas las heridas. ¿Qué hacer?
La reconciliación es hacer un nuevo pacto entre peruanos, disminuir la brecha que existe entre nosotros, tratar de que la justicia llegue a todos, igual que la educación y la salud... que todos estén comunicados. Esa es la reconciliación que se debe hacer. No es cuestión de ir y darse la mano unos a otros.
Por otro lado, ¿cómo hablar de crecimiento cuando la gente pobre no lo siente?
Ese es un gran problema, porque crecen los que menos necesitan, pero los más pobres todavía lo son; y si bien la pobreza ha disminuido algo, aún falta mucho.
De aquí a cinco años, ¿cuánto se debería avanzar?
Debería haber reparaciones para todos. En cinco años tendríamos que ver el desarrollo de las zonas de violencia, que tengan carreteras, hospitales, escuelas, que hayan surgido; es decir, que no se queden excluidos del desarrollo. De lo contrario, tengo pánico a que resurja la violencia. Hay gente molesta.
Y las reformas institucionales, ¿tampoco se ha avanzado?
Algo muy triste es que al final del gobierno pasado se había incluido en el currículum de Educación algunas sugerencias para que la época del terrorismo figurara en los planes educativos de forma prudente. Pero nadie sabe, y tampoco dan razón, de cómo desapareció eso de la noche a la mañana. Eso significa que hay gente que no quiere que esto aparezca.
"La impunidad trae el riesgo de que todo se repita" El gobierno dice que no hay dinero suficiente para otorgar las tan solicitadas reparaciones individuales…
Es que no solo es cuestión de dinero. Lo primero que pide una víctima es que se reconozca la dignidad de su pariente muerto, desaparecido, torturado; eso es lo más importante, y es muy lamentable que no se haya comenzado todavía con las reparaciones simbólicas, para que la gente sienta que su pariente era importante en el país, y para que se reconozca su dignidad.
¿Deben levantarse monumentos o declararse camposanto la zona del cuartel Los Cabitos donde hay fosas comunes?
Claro. Hay que hacer monumentos, poner los nombres de las víctimas, etc. El Ojo que Llora es una iniciativa muy buena en ese sentido. Es una forma de expresar el sufrimiento por el que ha pasado parte importante de nuestro pueblo.
Y mientras no haya reparaciones...
Pues no se estará haciendo justicia con las víctimas.
Dándose paso a la más abierta impunidad. La impunidad trae el riesgo de que las cosas se vuelvan a repetir, y eso nos da pánico, la verdad.
Otro perito internacional se presenta hoy en mega juicio, confirmará que Fujimori está vinculado a matanzas.
Fujimori en capilla La Primera, Lima, 27/08/2008
El magistrado integrante del Tribunal Supremo de España José Martín Pallín se presentará hoy ante el tribunal que juzga a Alberto Fujimori y expondrá sobre las teorías jurídicas empleadas por tribunales internacionales para probar la responsabilidad de acusados de cometer violaciones a derechos humanos. Asimismo, el tribunal determinará las reglas de la siguiente fase del juicio, que es la valoración de las pruebas documentales.
La vicepresidenta de la Asociación Española Pro Derechos Humanos (Apdhe), Almudena Bernabeu, calificó de fundamental la participación de peritos internacionales en el juicio al ex dictador Fujimori puesto que demostrarán la responsabilidad directa de éste en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
Bernabeu indicó que la presentación del magistrado Martín Pallín servirá de gran aporte para el proceso ya que “su presentación explicará las peculiaridades de los crímenes de Estado. En ese contexto no hace falta hacer una orden, basta ser el Jefe de Estado y Fujimori no sólo era jefe de Estado, sino también jefe de las Fuerzas Armadas por mandato constitucional”.
A su vez, el jurista internacional Federico Andreu-Guzmán, quien se presentó el lunes último, reafirmó que el juicio a Fujimori es histórico para el Perú, América Latina y el mundo, porque permite luchar contra la impunidad de los crímenes cometidos por los gobiernos. Andreu-Guzmán dijo que nadie está por encima de la ley y que ningún Presidente puede ampararse en su condición de mandatario para no responder ante la justicia.
Lunes 25 de Agosto de 2008
RPP, Lima, 25/08/2008
Fujimori es culpable por crímenes de Colina, según Comisión Internacional de Juristas
El ex presidente Alberto Fujimori es responsable de los crímenes cometidos por el destacamento Colina según la teoría de la autoría mediata por dominio de organización, sustentada hoy por el jurista colombiano Federico Andreu Guzmán en el juicio que se le sigue al ex mandatario en la sede de la Diroes.
Para demostrar su responsabilidad no es necesaria la existencia de órdenes escritas, porque en casos de crímenes contra los derechos humanos por lo general estas no existen, como se ha demostrado en casos como los de las dictaduras chilena, argentina, el tercer reich alemán y recientemente el caso de Slobodan Milosevic en la ex Yugoslavia, agregó el perito internacional.
Asimismo indicó que la responsabilidad de Fujimori Fujimori queda claramente establecida porque además de no haber ordenado ninguna investigación sobre los hechos materia de este juicio (casos La Cantuta y Barrios Altos), premio y felicitó a los autores directos de estos crímenes.
Respondiendo a las preguntas de los abogados de la parte civil, Andreu Guzmán, indicó que en este tipo de casos no se dan ordenes escritas y a veces ni verbales, sino que solo se sugieren mediante gestos previamente establecidos, u ordenes tacitas que muchas veces se infieren de directivas dadas anteriormente.
De otro lado al iniciarse la audiencia se informó que el INPE ya cuenta con los informes en base a los cuales determinará la conveniencia o no de variar el régimen penitenciario al que se encuentra sometido Alberto Fujimori y que ha motivado incluso la realización de una investigación fiscal.
Miercoles 20 de Agosto de 2008
Ante evidencias de crimen de La Cantuta, peritos señalan:
“Trataron de desprestigiarnos”
Peritos en criminalística de la Policía Nacional del Perú, así como médicos forenses y otras especialidades culminaron su participación explicando sus investigaciones en los hechos de Barrios Altos y La Cantuta, ante el tribunal presidido por el Doctor César San Martín, en el marco de la sesión número 92 del juicio a Fujimori, en la sede de la DIROES.
Los especialistas confirmaron que en los restos analizados, las víctimas presentaban múltiples heridas de bala, la mayoría de ellas producidas de atrás hacia adelante y bajo la posición de cúbito ventral, lo cual indica que los victimarios habrían estado siempre detrás de las víctimas, y éstas habrían estado boca abajo en casi todos los casos. También que los restos presentaban signos de acción de fuego a altas temperaturas, así como heridas y contusiones diversas.
El médico forense, Doctor Juan Quiroz Mejía, reveló que hubo cierta interferencia en el desarrollo de su labor: “Avanzamos hasta donde nos dejaron avanzar. Al final no pudimos interactuar ni comparar los restos de las fosas 01 y 02”, dijo, refiriéndose a las fosas de Cieneguilla donde fueron enterrados los restos de los nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta. Quiroz también recordó que fue el congresista Gilberto Siura, quien trató de desprestigiar el trabajo forense diciendo a los medios de comunicación que las llaves halladas en uno de los cadáveres habían sido “sembradas” por los propios médicos. Con respecto a las muestras de ADN que se enviaron a Londres para facilitar la labor de identificación de los cuerpos, el Doctor Quiroz Mejía dijo desconocer cuáles fueron los resultados finales de ese envío.
Los peritos coincidieron en que nunca los citaron al fuero militar para declarar sobre sus investigaciones ni hallazgos.
Para la doctora Gloria Cano, lo dicho por los peritos no solo reconfirma lo antes probado –que existieron ejecuciones extrajudiciales– sino que revela también que durante esos años existió una voluntad, por parte del oficialismo fujimorista, de entorpecer y obstaculizar las investigaciones. “Además, lo dicho por los peritos corrobora que el supuesto juicio en el fuero militar no fue eficiente ni fue llevado a cabo de acuerdo a ley. El no haberlos citado a declarar es una clara muestra de ello”, enfatizó.
Lunes 18 de Agosto de 2008
Peritos en criminalística confirman cruentos asesinatos Con importantes revelaciones comenzó la participación de los peritos en criminalística, en el marco del juicio a Fujimori. Miembros de la Policía Nacional, expertos en pericia balística, médicos forenses y una bióloga dieron cuenta de sus trabajos realizados sobre los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.
Entre las conclusiones más importantes se encuentran las que certifican que se trataron de ejecuciones extrajudiciales y que las víctimas fueron ultimadas cruelmente, en posición cúbito ventral o recibiendo impactos de bala de manera indiscriminada. Restos de sangre, orificios de bala, incluso una vértebra que habría sido fragmentada con un objeto contundente o punzo cortante, similar a un machete, formaron parte de la descripción en los informes finales de los expertos.
El médico Gustavo Cerrillo Sánchez, especialista en anatomía patológica, detalló lo que arrojó el estudio de los restos de La Cantuta: ”Se hallaron signos de acción de fuego a altas temperaturas y herida de bala perforante del cráneo,” dijo durante su informe.
“Estimamos que el disparo se habría producido a una distancia menor de 30 a 50 centímetros. Encontramos un importante número de muestras donde el resto óseo se encontraba recubierto por cal. La cal se usa para atenuar los cambios por putrefacción, no podría afirmar si el uso de la cal fue antes o después de la incineración de los cuerpos”, detalló.
Luego, Cerrón afirmó que en el caso La Cantuta no se pudo continuar con la pericia puesto que se dispuso entregar el caso a la justicia militar.
En otro momento, el médico José de la Vega Díaz y la Doctora Tania Cerrón Palomino, afirmaron que las heridas causadas a Felipe León León, sobreviviente de la masacre de Barrios Altos, podrían haberle producido muerte, por ser consideradas de alta gravedad.
Para el abogado Carlos Rivera es importante considerar lo dicho por el Doctor Cerrillo Sánchez, puesto que evidencia que hubo todo un manejo político de las investigaciones en el caso La Cantuta, y que además no se les facilitó la información adecuada que les permita realizar los peritajes. Dijo además que queda en evidencia que lo ocurrido en Barrios Altos fue un cruento asesinato.
Por la tarde se dio inicio a la presentación de pruebas documentadas.
Jueves 14 de Agosto de 2008
Revista Caretas
Política :::: Gobierno negoció mejores condiciones carcelarias para Fujimori a cambio de votos para la frustrada reforma constitucional.
Las Cuentas de la Diroes
Accidentado pleno se realizó un día después de cambio de régimen.
Fuentes del INPE relacionadas con la Diroes señalan que la supuesta visita del ministro Luis Alva Castro a Alberto Fujimori, recluido en esas instalaciones, no se consumó en un cuarto de hora como se creía hasta ahora. El diálogo del 19 de julio, según la confiable versión, se prolongó durante cincuenta minutos.
La curiosidad es acentuada porque la visita más discutida no parece encajar en la votación de la mesa directiva del Congreso realizada una semana después ni en el previo cambio de régimen penitenciario del ex presidente. El ministro de las siete vidas parece guardar con mucho celo los detalles de su agenda.
El cambio de régimen carcelario de Fujimori todavía trae cola. La Junta de Clasificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) decidió pasarlo del estricto régimen especial al ordinario el pasado 9 de junio, un mes antes de la visita del titular de Interior. ¿Tan previsor era el oficialismo como para cerrar las negociaciones con la bancada fujimorista en torno a la elección de la mesa directiva en el Congreso que se realizaría 50 días después? No. La urgencia parecía ser otra.
La revisión de la cronología de los episodios arroja conclusiones sumamente interesantes.
Fuentes oficialistas consultadas sostienen que la premura se debía a la necesidad de asegurar los votos para el paquete de reformas constitucionales programado para ser votado contra el reloj el martes 10 de junio. Los fujimoristas bregaban por que no se modifique la Carta Magna de 1993. Pero, al parecer, estuvieron dispuestos a entregar sus votos por mejores condiciones carcelarias para el líder. Las modificaciones incluían el retorno a la bicameralidad, la posibilidad de renunciar al cargo de congresista y varios cambios en artículos de administración de Justicia. Lo último también habría preocupado a la ministra del sector, Rosario Fernández.
Pero, como se recuerda, aquella sesión se vio frustrada por el escándalo provocado por la bancada nacionalista, que, ante un insólito pedido del aprista José Carrasco Távara, exigió discutir el retorno de la Constitución de 1979 y el cambio del modelo económico.
El pan se quemó en la puerta del horno y Javier Velásquez Quesquén, que presidía la comisión de Constitución, vio frustrado su trabajo. Pero el ex mandatario ya gozaba de nuevas condiciones carcelarias. ¿Acaso quedó un “saldo” de buena voluntad para la votación de la mesa directiva?
Los fujimoristas persiguieron el cambio de régimen casi desde el principio de la reclusión de Fujimori. Luego de disparar en varias direcciones descubrieron la rendija de la asociación ilícita para delinquir.
El presidente del INPE, Leonardo Caparrós, envió una carta al cierre de esta edición en la cual defiende la pertinencia técnica del cambio de régimen. “Esta se realizó en estricto cumplimiento de la ley”, señala. Quizá no le falte alguna razón. Medios como La República le han dado con palo por la celeridad con la que se tramitó el cambio de régimen, pero Caparrós insiste en que “el argumento que inició el procedimiento que le dio lugar fue esgrimido por la defensa del interno”.
El cambio en el Código de Ejecución Penal que permitió la inclusión de Fujimori en el régimen especial se produjo en julio del año pasado, dos meses antes de ser extraditado de Chile. Antes, un reo no podía iniciar su reclusión en dicha categoría. Ahora, si el peligroso perfil personal del interno lo ameritaba y era enjuiciado por su vinculación a una organización criminal (la asociación ilícita), sí podía ser incluido de arranque en el régimen especial. Es por eso que personajes que fueron internados antes, como los miembros del grupo Colina y el ex comandante general del Ejército, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, gozaban de régimen ordinario.
El abogado César Nakazaki sustentó su pedido el 5 de junio último. Cuando Caparrós le preguntó por escrito al día siguiente al juez César San Martín si Fujimori estaba procesado por asociación ilícita, el magistrado respondió tres horas más tarde que los delitos eran “secuestro, homicidio calificado, asesinato, lesiones graves, corrupción de funcionarios, violación al secreto de las comunicaciones, peculado y falsedad ideológica”. Bonita lista que, sin embargo, no mencionaba la necesaria asociación ilícita para delinquir.
Puede ser un argumento llevado al extremo de “absurdos sofistas” (CARETAS 2039). Pero fue suficiente para justificar la vuelta de la tortilla. Esto lleva también al debate sobre la naturaleza de la próxima sentencia a Fujimori y la argumentación utilizada para responsabilizarlo por autoría mediata de los crímenes (asociación criminal versus aparato organizado de poder), que seguramente se avivará todavía más en las próximas semanas.
Miercoles 13 de Agosto de 2008
Merino Bartet: “Yo solo cumplía órdenes, así como las cumplían vocales y ministros” El ex asesor de la alta dirección del Servicio de Inteligencia Nacional, Rafael Merino Bartet, hizo importantes revelaciones sobre el uso del poder durante el gobierno de Fujimori, en la sesión número noventa del juicio por violaciones de derechos humanos que enfrenta el otrora prófugo de la justicia.
Merino, quien era encargado de elaborar discursos, comunicados y notas de inteligencia, refirió que cuando Fujimori desactivó el SIN, en el año 2000, se ordenó incinerar los documentos y los discos duros de las computadoras: “ante esa eventualidad, y como se trataba de documentación del Estado, una institución pública, me soplé la información que existían en mi computadora y en la de Huertas Caballero”. Huertas era el director de la oficina de asesoría jurídica y quien elaboraba decretos. El ex hombre de inteligencia refirió haber guardado esa información en diez diskettes, que luego entregó a la Comisión Towsend en el Congreso.
Narró como Vladimiro Montesinos fue quien escogió a Julio Salazar Monroe como jefe del SIN porque era “cero kilómetros” y por ello, la persona adecuada para el cargo: “No leía ni las noticias, incluso en verano se presentaba en short, a las 11 de la mañana, y luego se iba a la playa”, dijo, refiriéndose al recientemente condenado Salazar Monroe.
Posteriormente mencionó algunos de los operativos realizados por el SIN, y afirmó que Fujimori había ordenado el fusilamiento de Elena Iparraguirre y Abimael Guzmán, así como la forma en que el acusado impartía órdenes a través de Montesinos: “Yo solo cumplía órdenes, así como las cumplían vocales, ministros y otros”, dijo.
Cano: Testimonio de Merino Bartet solo evidencia el inmenso poder que tenía la dupla Fujimori - Montesinos
Para la doctora Gloria Cano, abogada de la parte civil, es importante lo dicho por Merino Bartet, en tanto está reconociendo que luego de la difusión del video Kouri Montesinos se dispusieron acciones al interior del SIN. “Cuando Fujimori decidió desintegrar el SIN, se ordenó la incineración y borrado de todos los documentos que se habían hecho, en lugar de proceder a inventariarlos. Hubo una intención de borrar pruebas de delitos que se habían cometido”, señaló.
“Este testimonio solo evidencia el inmenso poder que Fujimori delegaba a Montesinos, quien era el interlocutor e intermediario del hoy acusado”, finalizó.
Martes 12 de Agosto de 2008
El Comercio, Lima, 12/08/2008
MISTERIOSAS LLAMADAS A JAPÓN DESDE DONDE ESTÁ RECLUIDO ALBERTO FUJIMORI
Denuncian a director de penal en sede de Diroes
Fiscal lo acusa de peculado por usar celular en beneficio propio y de terceros. Congreso citará al jefe del INPE e indagará sobre motivos de llamadas Por Ítalo Sifuentes Alemán
Al cabo de cuatro meses de investigaciones preliminares, el fiscal Guillermo Guzmán Muñoz decidió denunciar por el supuesto delito de peculado de uso al director del establecimiento penitenciario Barbadillo (ubicado en la sede de la Diroes), Alejandro Castro Ángeles, por utilizar el teléfono celular que le asignó el Estado para efectuar llamadas a Japón en beneficio propio y de terceras personas.
Castro Ángeles es la máxima autoridad del penal en el que se encuentra recluido el ex presidente Alberto Fujimori.
El 14 de julio el fiscal Guzmán denunció que Castro llamó desde el celular 98928-8436 al teléfono fijo en Japón 276385292 los días 10, 12, 14,17 y 18 de marzo y los días 1, 5, 13 y 15 de abril de este año, fechas en que diversas denuncias periodísticas dieron a conocer esta irregularidad.
A ese número telefónico japonés también se reporta una llamada desde el teléfono móvil 98928-8434, asignado al jefe de seguridad interna de dicho penal, Álex Samamé Peña. La llamada se efectuó el 8 de marzo de este año.
Para esclarecer el tema, el fiscal Guzmán ha solicitado el testimonio del jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Leonardo Caparrós Gamarra, quien al ser consultado por este Diario manifestó su disposición a colaborar. Se sospecha que las llamadas a Japón se habrían hecho por encargo de Fujimori.
El congresista Santiago Fujimori discrepó de esta hipótesis, ya que --según él-- su hermano tiene derecho a dos llamadas mensuales internacionales y que hasta ahora no ha realizado ninguna.
Consultado sobre cómo se comunica el ex presidente con su esposa Satomi Kataoka y con familiares y amigos en el Japón, el congresista Fujimori señaló que ese era un tema privado.
Caparrós corroboró que el ex mandatario no ha hecho llamadas internacionales y que los legisladores que lo visitan ingresan a su celda sin sus celulares.
El titular del INPE informó que él desconocía las llamadas de Castro a Japón y que, por ello, ya había sido sancionado administrativamente. Pero Caparrós agregó que si se comprobara alguna irregularidad más en la investigación sobre el ingreso de visitas al penal, el mencionado funcionario sería destituido de inmediato.
Respecto a las llamadas a Japón, Castro ha dicho en su descargo al fiscal Guzmán que las hizo para contactarse con su cuñada Julie Christie Céspedes Arce, hermana de su esposa Catalina.
La señora Julie Céspedes está casada con el ciudadano japonés Ernesto Uehara Ichikawa.
El virtual titular de la Comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Eguren, señaló que la próxima semana --cuando se instale su grupo de trabajo-- citará a Caparrós y a otros funcionarios del INPE para escuchar sus descargos sobre esta denuncia. Solicitará igualmente el levantamiento del secreto de las comunicaciones para saber el tenor de las llamadas efectuadas a Japón.
SEPA MÁS Respecto al horario de las visitas que los congresistas hacen a Alberto Fujimori en la sede de la Diroes, el jefe del INPE, Leonardo Caparrós, señaló que estas no pueden ser restringidas debido a que las atribuciones de control político de los legisladores no pueden ser reguladas. El oficial mayor del Congreso, José Abanto, confirmó que efectivamente ello no puede ser reglamentado, tal como lo estableció el Tribunal Constitucional.
La República, Lima, 12/08/2008
"Las víctimas de La Cantuta y de Barrios Altos no eran terroristas"
Ex jefe del Gein Benedicto Jiménez trae abajo leyenda negra. Coronel en retiro echa por tierra justificación de ex miembros del grupo Colina para cometer esos crímenes.
César Romero.
Condena. Ante la Sala Penal Especial, el coronel PNP (r) Benedicto Jiménez calificó de ´irreflexivos, irracionales, una barbarie y excesos` los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta perpetrados por los miembros del inefable grupo Colina. (Foto: Poder Judicial)
Las 25 víctimas del destacamento Colina en Barrios Altos y la universidad La Cantuta no eran dirigentes, militantes, ni bases de apoyo de Sendero Luminoso, aclaró Benedicto Jiménez, ex jefe del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la policía antiterrorista.
El oficial en retiro hizo esta afirmación al declarar como testigo en la audiencia Nº 89 del juicio al ex dictador Alberto Fujimori. Jiménez consideró que esos crímenes fueron "irreflexivos, irracionales, una barbarie y excesos" de la inteligencia militar que pensaba y aplicaba la estrategia de que el "mejor terrorista es el terrorista muerto".
En cambio, aseveró, en la Dincote se aplicó una estrategia policial que buscó capturar vivos a los terroristas para obtener información que permitiera otras detenciones, lo que ayudó a desarticular la cúpula de Sendero Luminoso y acabar con el peligro terrorista en el país.
Jiménez enfatizó que se llegó a establecer que las víctimas de dichas masacres no eran terroristas. Explicó que los integrantes de Sendero Luminoso, y en especial los dirigentes políticos y militares, vivían en las mejores zonas residenciales de Lima, donde se sentían seguros porque no había acciones de rastrillaje de la Policía ni de las Fuerzas Armadas.
"Es inconcebible pensar que un grupo de dirigentes o militantes de Sendero vivieran juntos en un solar de Barrios Altos. Aun la masa vivía dispersa y solo se juntaba para una acción determinada. Los muchachos de La Cantuta eran zampoñeros… se dedicaban a la música… no eran dirigentes subversivos, era un grupo de artistas populares que les gustaba la música y eso era todo… no eran los responsables del atentado contra Tarata…", precisó Jiménez.
Las declaraciones del principal jefe policial antiterrorista echan por tierra la justificación de Martin Rivas y sus sicarios para cometer estos crímenes, aduciendo que sus víctimas eran terroristas.
SIN APOYO
Jiménez anotó que nunca se reunió con Fujimori en Palacio, como éste aseguró al ser interrogado. Indicó que le hubiera gustado reunirse con él en los años ‘90 para pedirle apoyo para la lucha antiterrorista.
El ex jefe policial subrayó que recibió poco apoyo económico del SIN para su labor. Recordó haber sido nombrado coordinador entre la Dincote y el SIN, pero tiene la sospecha de que lo que se buscaba era que el SIN tuviera acceso a la información que manejaba la policía para las capturas.
"Se dieron cuenta de que estábamos en el camino correcto y querían nuestra información, teníamos que ir al SIN a las reuniones de la comunidad de inteligencia conjuntamente con el entonces comandante PNP Marco Miyashiro, por los menos dos veces cada mes, para dar cuenta de nuestras actividades en la lucha contra el terrorismo", aseveró.
Precisó que pudo darse cuenta de que los teléfonos de la DINCOTE estaban intervenidos y que los servicios de inteligencia militares les seguían los pasos, por lo que muchas veces tuvo que dar falsa información. "Decíamos que estábamos operando o que se iba a golpear en el Callao y se actuaba en otro sitio, pero cuando enviaba a la gente para ver qué había por el puerto encontrábamos a otros agentes", dijo.
Relató que a fines de enero de 1991 llegó el grupo de analistas del SIN al GEIN para trabajar con los más de 70 tomos de documentos incautados a Sendero. Indicó que en junio de 1991 observó dos documentos en la oficina que utilizaban los militares, uno en el que pedían un reconocimiento por la labor que estaban realizando, y el segundo en el que hablaban de quedarse en el GEIN, por lo que les pidió que se retiraran.
"Ante esa decisión me piden ir al SIN, y una vez allí, el general (Julio) Salazar Monroe me increpa y me dice que por qué había tomado esa decisión. Insistió en que eran buenos analistas y que debían insertarse en el trabajo policial. Le dije que para que se insertaran al GEIN tenían que pasar una formación académica. Entonces me pidió que le devuelva toda la infraestructura que nos habían prestado, dos vehículos y filmadoras. A partir de allí se hizo más distante la relación y contacto con el SIN", recordó Jiménez.
CLAVES
Retraso. Es importante mencionar que la audiencia celebrada el día de hoy se inició con 30 minutos de retraso debido a la demora en el traslado del testigo hacia la sede judicial de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DIROES).
Proceso. Luego de los testigos, viene la evaluación y lectura de la prueba documental acopiada, la visualización de audios y videos y la presentación de los peritos.
"¿Por qué no acabaste con él?"
1) El coronel PNP (r) Benedicto Jiménez relató que en agosto de 1990 el hoy prófugo general EP (r) Víctor Malca le preguntó por qué no acabó (con la vida) del senderista Deodato Juárez Cruzat en vez de capturarlo. "Le respondí que lo quería vivo para llegar a la cúpula de SL, el general se molestó con mi respuesta y me fui muy preocupado", anotó.
2) Benedicto Jiménez también recordó que tuvo problemas con el SIN cuando se negó a entregar a Yovanka Pardavé, Tito Valle Travesaño y Víctor Zavala Cataño para que sean interrogados, en un lugar no precisado, por el mayor Santiago Martin Rivas y otros oficiales del Ejército.
3) Yovanka Pardavé, Valle Travesaño y Juárez Cruzat estaban entre los dirigentes senderistas que murieron baleados en la toma del penal Miguel Castro, en mayo de 1992.
4) Cabe indicar que el tribunal convocó para la audiencia del próximo miércoles al ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional Rafael Merino Bartet para que dé algunas aclaraciones. Bartet debe reconocer una serie de documentos sobre las actividades ilegales del SIN que entregó a la justicia y que tenía guardados en su computadora.
5) Con la declaración de Merino Bartet culmina la etapa de interrogatorio de testigos. Igualmente, el fin de su presentación, que podría ser el mismo miércoles o viernes siguiente, concluye el paso que dio el tribunal a las partes para la presentación de prueba documental.
Lunes 11 de Agosto de 2008
Benedicto Jiménez “Barrios Altos y La Cantuta fueron una barbarie” “Fueron acciones irreflexivas, irracionales…una barbarie”. Con esos términos calificó el Coronel Benedicto Jiménez a los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, durante el interrogatorio que respondió en la octogésima novena audiencia del juicio a Alberto Fujimori en la sede de la DIROES.
“La inteligencia no debe actuar así. Es imposible que senderistas vivan juntos en un solar como el de Barrios Altos. Los muchachos de La Cantuta eran zampoñeros…se dedicaban a la música…no eran dirigentes subversivos, era un grupo de artistas populares que les gustaba la música y eso era todo… no eran los responsables de Tarata…” Con esas palabras y basado en investigaciones que se realizaron desde el GEIN (Grupo Especial de Inteligencia de la Policía Nacional, que él lideraba), Jiménez echó por tierra las justificaciones de los miembros del grupo Colina, allegados a Vladimiro Montesinos.
El Coronel explicó que realizando una labor de inteligencia operativa policial -mezcla de inteligencia “clásica” e investigación criminal- y una paciente y minuciosa labor de seguimiento, se pudo capturar a Abimael Guzmán y desbaratar a su sanguinario grupo terrorista.
Asimismo, detalló cómo llegaron al GEIN el grupo de analistas compuesto por Martin Rivas, Rodríguez Zabalbeascoa, Carlos Pichilingüe y otros agentes. Luego de percatarse de unos documentos en los cuales ellos solicitaban un reconocimiento y la posibilidad de quedarse a laborar en el GEIN, decidió pedirles que se vayan. “Me piden ir al SIN, y una vez allí, el general (Salazar Monroe ) me increpa y me dice que por qué había tomado esa decisión. Insistió en que eran buenos analistas, y le dije que para que se insertaran al GEIN tenían que pasar una formación académica. Entonces me pidió que le devuelva toda la infraestructura que nos habían prestado (vehículos, filmadoras, etc). A partir de allí se hizo más distante la relación y contacto con el SIN”, relató Jiménez.
Gloria Cano: “Lo dicho por Jiménez deja muy mal parados a los allegados a Fujimori y Montesinos”
Para la Doctora Gloria Cano, abogada de la parte civil, es importante que un hombre de inteligencia policial y conocedor del accionar de Sendero Luminoso en nuestro país, haya señalado con claridad que las matanzas de Barrios Altos y Cantuta fueron una barbarie, y que era ilógico pensar que en Barrios Altos se encontraba toda una célula de Sendero Luminoso. De igual importancia es que haya aclarado que los muchachos que fueron señalados como terroristas en La Cantuta, eran sólo estudiantes que practicaban música, resaltó.
“Jiménez ha dicho que la derrota de Sendero Luminoso estuvo en manos de la Policía gracias a una labor inteligencia. Esto revela que hubo otra estrategia, la del SIN, que se nutrió de lo investigado por la Policía para realizar sus propias acciones, detenciones y eliminaciones”, añadió la abogada.
“Asimismo, esto demuestra que hubo dos estrategias de inteligencia: la policial, que triunfó y significó la derrota de Sendero Luminoso, y la otra que fue ilegal, y que él mismo –Jiménez- ha calificado como barbarie.
También aclaró que cuando Abimael Guzmán hablaba de equilibrio estratégico, se refería a un cálculo cuantitativo sobre cuántos elementos podían confrontar en un posible enfrentamiento con las fuerzas del estado, y no como dicen los miembros del grupo Colina, que significaba que ya estaban por ocupar Lima y tomar el poder. En resumen, ha dado una lección de inteligencia que los ha dejado muy mal parados“ dijo Cano.
Viernes 8 de Agosto de 2008
San Román revela documento que vincula a Montesinos con Barrios Altos
El ingeniero Máximo San Román Cáceres, quien fuera Vicepresidente de la República en los inicios del régimen de Fujimori, reveló que existió un documento de inteligencia que vincula directamente a Vladimiro Montesinos en la matanza de Barrios Altos.
San Román refirió que en marzo del año 1992, llegó a su despacho una nota de inteligencia que llevaba por título “Capitán EP Vladimiro Montesinos y la matanza de Barrios Altos”, y que la entregó al propio Fujimori dos días después. Recordó que el documento mencionaba a Vladimiro Montesinos, Martin Rivas, Carlos Pichilingüe y otros agentes, detallando el procedimiento que utilizaron y hasta los errores que cometieron.
El empresario dijo que los hechos de Barrios Altos iban a ser investigados por una comisión multipartidaria de investigación del Congreso, presidida por Roger Cáceres Velásquez, pero que dicha labor fue interrumpida por lo que llamó “el salto al vacío” del 05 de abril del 92.
El Ex Vicepresidente mostró otro documento que recibió en la quincena de agosto de 1991, que advertía sobre los antecedentes de Montesinos. La nota de inteligencia decía “Antecedentes de Vladimiro Montesinos” y estaba dirigida al almirante Alfonso Panizo: “Es una hoja de vida que cuenta que (Montesinos) fue acusado por fotocopiar documentos y enviarlos a la CIA y al Ecuador. Asimismo, que fue dado de baja por medida disciplinaria ya que detectaron su presencia en Estados Unidos. También refiere sobre su internamiento en el cuartel Bolívar y otros puntos… Yo sólo me limité a informar al Presidente. Había mucha preocupación entre los senadores por los antecedentes de este señor (Montesinos). Fui, y cuando se lo entregué, Fujimori leyó sólo la primera página y se lo guardó. Cuando le expresé mi preocupación, el acusado me dijo que Montesinos no cumplía ninguna función pública y que por ello no necesitaba dar explicaciones; que como ciudadano tenía la libertad de escoger a su asesor. Esa fue la última vez que hablamos sobre ese tema”, relató San Román.
También advirtió que fue amenazado de muerte en varias oportunidades, y que incluso se pretendió secuestrar a su hija. Incluso la oficina de su esposa sufrió varios asaltos.
Sobre el autogolpe del 05 de abril, señaló que nunca se coordinó con él dicha medida: “Al enterarme, por un acto de lealtad intenté desesperadamente comunicarme con Fujimori, pero no se dignó a contestar ninguna llamada”, recalcó.
Para el Doctor Carlos Rivera, abogado de la parte civil, la participación de Máximo San Román “viene a corroborar la información incorporada con anterioridad al proceso judicial. De hecho la documentación sobre la nota de inteligencia que habla de los antecedentes de Montesinos ya -hasta en dos oportunidades- ha sido incorporada y debatida. En tal sentido, lo dicho por San Román sirve para ratificar informaciones que ya han sido proporcionadas anteriormente”, dijo Rivera.
Casi al finalizar la sesión, Fujimori negó haber recibido de San Román dicho documento, señalando que recién tomaba conocimiento del mismo.
Miercoles 6 de Agosto de 2008
Sosa continuó defendiendo al acusado Fujimori
Un arrogante Sosa Saavedra continuó su interrogatorio en la octogésima sétima sesión del juicio a Fujimori. Sin embargo, el ex agente del Grupo Colina, se mostró dubitativo e irritado cuando se le preguntó sobre las operaciones en las que participó.
Sosa reconoció haber participado en operativos en los que se eliminó personas, como sucedió en La Cantuta, Barrios Altos, Pedro Yauri y el Santa. Luego negó toda vinculación entre dichas acciones y Alberto Fujimori.
Sobre el destacamento “Colina” al que nuevamente llamó “Lima,” señaló que Martin Rivas nunca les dijo que la misión era identificar, capturar y/o eliminar a elementos subversivos: “El jefe operativo no tenía por qué darnos toda la información de la misión, ni especificarnos qué es lo que se iba hacer”, dijo. Posteriormente afirmó que, según el propio Rivas, los tres comandantes generales de aquel entonces aprobaron su propuesta de crear un destacamento.
En otro momento, Sosa Saavedra dijo al tribunal que existieron planes para justificar los operativos, y además lucrar y robar dinero. Agregó que no se estilaba hacer informes después de los operativos.
La actitud fría y altanera para declarar del ex agente Colina despertó la indignación de los familiares, quienes se vieron afectados ante su poco sentido de humanidad y derroche de soberbia, similar al expuesto por testigos como el propio Martin Rivas.
Gloria Cano: “Queda claro que Sosa participó en cuatro operativos en que hubo eliminación”
Para la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, Gloria Cano, es claro que hubo un acuerdo entre Sosa Saavedra y la defensa de Fujimori. Al no recordar una supuesta retractación que hizo en el proceso por Barrios Altos fue auxiliado por el propio Nakasaki quien tuvo que darle una salida. Llegó al punto de afirmar que a pesar de no constar en ninguna parte del acta lo dicho, era “como refería el abogado Nakasaki”.
“Recordemos que al principio señaló que Hermoza daba las órdenes. Pero frente a las preguntas de Nakasaki comienza a decir que no sabe, que no le consta, que sólo escuchó”, refirió la Doctora.
“Lo que queda claro es que Sosa admitió haber estado en cuatro operativos, y que éstos terminaron en muerte. También señaló que antes de cada operación habían 3 elementos: información de inteligencia, la planificación y una orden de los más altos niveles para su ejecución. Remarcó que incluso una vez finalizados los operativos, hablaban y evaluaban sobre los mismos”, señaló la doctora Cano.
Sobre supuestos planes que se habrían elaborado con un fin lucrativo, la doctora Cano señaló: “Se hacían planillas de supuestos planes para acciones del grupo Colina, que nunca se realizaron precisamente para obtener dinero. Esto originó el quiebre del destacamento. Por ello es que Sosa y Rivas se enemistaron, porque se dijo que Rivas se quedaba con el dinero y no lo repartía. Ellos se enteraron de las planillas de operativos que no se realizaron”, finalizó la doctora.
Viernes 1 de Agosto de 2008
Amicus Curiae: Sala rechaza objeciones de la defensa de Fujimori
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema admitió el Amicus Curiae de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la Universidad George Washington, tras rechazar las objeciones de la defensa del acusado Fujimori. El presidente de la Sala, César San Martín señaló que no habían motivos para no admitir el informe por no tener carácter vinculante. Como se recuerda, la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, Gloria Cano, rechazó lo afirmado por Nakasaki tras objetar dicho informe por ser una maniobra de APRODEH para inclinar la balanza en la sentencia del tribunal y ser un Amicus interesado.
Régimen penitenciario puesto en duda
Sobre cambio de régimen penitenciario del acusado Fujimori y las declaraciones de la ministra de Justicia, Rosario Fernández, San Martín señaló que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema es absolutamente ajena a las decisiones de la autoridad penitenciaria, es decir del INPE. ”El tribunal en ningún momento ha indicado cuál es el régimen penitenciario, ni ordena disposición alguna sobre el tema”, señaló San Martín.
Al respecto, el abogado de la parte civil Carlos Rivera, señaló que la ministra de Justicia, debe dar una doble explicación por ser la responsable política de dicho cambio, y por otra parte, explicar por qué atribuyó esa responsabilidad al Tribunal. “Ella sabe perfectamente que eso no lo podría hacer la sala que preside el doctor San Martín, sino el INPE”, señaló Rivera.
Kerosene: Operativos de inteligencia terminaban con muertes
El ex integrante del destacamento Colina, Jesús Sosa Saavedra, señaló que las operaciones especiales de inteligencia del grupo Colina -en las que él participó- no se realizaron por orden de Martín Rivas sino del Comando del Ejército. Sobre el fin de estas órdenes, el doctor Rivera remarcó que Sosa volvió a confirmar que las operaciones especiales significaban la eliminación de personas. “Cuando el fiscal le preguntó si se hicieron detenciones, no dio ningún dato, ni nombres, ni información”, refirió el abogado.
Finalmente, Sosa señaló que las víctimas de El Santa y el periodista Pedro Yauri eran subversivos. Al respecto, el doctor Rivera desmintió tal afirmación remarcando que, de acuerdo a lo señalado por el propio Sosa, los miembros del destacamento Colina utilizaron como fuente de información datos ambiguos, vagos, para llegar a la conclusión de que las víctimas eran subversivos.
