En la madrugada del 2 de mayo de 1992, miembros de la Policía Nacional y de la Marina de Guerra del Perú, incursionaron en tres asentamientos humanos de la  provincia de Santa, en Ancash, llevándose  a nueve  pobladores. Desde entonces no se tiene noticias de ellos.

Los hechos

Pasada la medianoche del primero de mayo de 1992, algunos pobladores de La Huaca (Santa) aún celebraban el día del Trabajo o dormían agotados luego de haber asistido a los festejos de esa fecha. Las radios y las voces de los pobladores se confundían en la celebración. Sin embargo dos camionetas y dos autos sin placas interrumpieron la celebración.

Algunos de los presentes, señalaron que los vehículos eran “similares a carros militares”. De los vehículos, los cuales tenían circulinas como usa la Policía, descendieron alrededor de quince desconocidos cubiertos con pasamontañas, chompas negras, pantalones verde olivo y botas, y armados con fusiles-ametralladora.

Según los pobladores, aquella madrugada del 2 de mayo de 1992, varios sujetos portando armas, incluyendo una mujer, incursionaron en diferentes viviendas de los asentamientos humanos La Huaca, Javier Heraud y San Carlos, siguiendo ese orden. Los efectivos, luego de allanar las casas, sacaron a nueve personas a quienes golpearon brutalmente y obligaron a subirse a los vehículos en los que fueron conducidos a un lugar hasta ahora desconocido. Antes de retirarse, los secuestradores amenazaron a las familias para que no denunciaran los hechos. Finalmente hicieron pintas senderistas.

Los familiares
Poco después, los familiares acudieron a la Comisaría para denunciar el secuestro. El policía que se encontraba de turno se negó a recibir la denuncia y decidieron trasladarse a Chimbote pero los efectivos de la marina que resguardaban el túnel de Coishco les impidieron pasar. Todos estos obstáculos llevaron a los familiares a pensar que tanto la Policía como la Marina estaban cubriendo la retirada de los secuestradores.

Otras versiones manifiestan que los familiares se dirigieron rumbo a Trujillo e interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público, pero que el Fiscal no actuó sino después de trascurridos 22 días del secuestro. Además manifiestan que pese a las denuncias hubo mucha indiferencia de parte de la Policía Nacional y de la Fiscalía.

Grupo Colina
En la localidad de Santa funcionaba la compañía "Molinera San Dionisio", ubicada en el fundo "San Dionisio" entre Santa y Tambo Real. La compañía era propiedad de la familia Fung.

A fines de 1991, en diferentes localidades de Santa, se produjo una movilización llamada “Marcha Campesina” en la que participaron integrantes de la organización Campesinos Sin Tierra. Protestaron por los abusos de los dueños de las fábricas y pidieron se les entregue una parcela del terreno a quienes no tenían tierras. En una de estas movilizaciones se produjo un incidente entre Jaime Fung, hijo del dueño, quien al ver la movilización apuntó con su arma a uno de los hermanos Noriega Ríos quien iba al frente de la marcha. Luego de enfrentarse con los campesinos los amenazó advirtiéndoles "se van a joder conmigo porque no saben con quien están".

El 29 de marzo de ese año un incendio en la compañía San Dionisio, producto del atentado de 30 subversivos, causó gran daño material. Según algunas versiones, Jorge Fung era amigo del hermano de Nicolás de Bari, entonces Comandante General del Ejercito, a quien solicitó su ayuda. En la reunión estuvo también Santiago Martin Rivas quien convocó a jefes de los sub grupos del "destacamento Colina".

La primera intervención se hizo en La Huaca, aproximadamente a las 12 y 30 de la noche. Al terminar con las capturas, Martin Rivas se retiró del lugar junto con Julio Chuqui Aguirre y Gabriel Vera Navarrete. Antes de partir hacia Trujillo encargó a Carlos Pichilingüe “terminar el trabajo”. Es decir eliminarlos y desaparecerlos.

Al mediodía del 2 de mayo, los demás integrantes se reunieron en Trujillo, en la casa de Martin Rivas, a “celebrar” el crimen bebiendo licor, como lo hicieron cuando asesinaron a los asistentes a la pollada en Barrios Altos, el 3 de noviembre de 1991. En esa oportunidad escogieron la playa La Tiza, donde celebraron también el cumpleaños de Rivas y el inicio de los operativos criminales con el nombre de grupo Colina.

Las revelaciones más importantes sobre la despiadada desaparición y asesinato de los pobladores de Santa las han aportado algunos miembros del destacamento Colina, detenidos en los últimos dos años. Cabe resaltar que Maribel Barrientos, testigo y familiar de una de las víctimas, ha reconocido a Martin Rivas como el sujeto que la mantenía inmovilizada en el suelo, mientras trasladaban brutalmente a sus hermanos.

La investigación
El día de las capturas el doctor Julio Farro Soberón, de la Segunda Fiscalía Provincial de Santa, atendió las denuncias de los familiares de las víctimas contra los miembros de la Policía de Santa y el comandante de la base naval. De ese modo se inició la investigación teniendo como agraviados a Jesús Noriega Ríos, Roberto Barrientos Velásquez, Carlos Alberto Barrientos Velásquez, Carlos Tarazona More, Jorge Tarazona More, Denis Castillo Chávez, Gílmer León Velásquez y Pedro López González.

Las declaraciones que indicaban que el mayor Percy del Carpio y el suboficial Juan Andrés Molina mencionaron una "lista" con nombres de varias personas, incluyendo los que serían secuestrados, no fueron atendidos por el fiscal provincial, Farro Soberón, quien resolvió señalando que no procedía formalizar denuncia. Asimismo, dispuso que el expediente se pusiera a consulta del fiscal superior decano del distrito judicial de Ancash, quien lo calificó de “insubsistente”, sin fundamento legal.

La Cuarta Fiscalía Provincial Mixta decidió, el 31 de agosto de 1995, archivar definitivamente la investigación amparándose en las leyes de amnistía Nº 26479 y 26492, para los militares y policías que incurrieron en actos violatorios contra los derechos humanos. Sin embargo, en esa dependencia afirmaron lo siguiente: “se ha llegado a determinar que los presuntos autores de tal acto delictivo serían Militares y Miembros de la Policía Nacional del Perú”.

Fue con el gobierno transitorio de Valentín Paniagua cuando se retomaron las investigaciones. El 23 de julio del 2001, APRODEH presentó la denuncia ante la Fiscalía Provincial Especializada en Derechos Humanos, creada para conocer las violaciones a los mismos durante la dictadura de Fujimori-Montesinos, a cargo del fiscal Richard Saavedra. Así se reinició la búsqueda de los desaparecidos y la investigación de los responsables. 

El 3 de enero de 2003 la fiscal provincial Ana Cecilia Magallanes, atendiendo la sentencia del 14 del marzo del 2002 de la Corte Interamericana, formalizó la denuncia penal contra los presuntos autores de las desapariciones. La CIDH consideró el caso, en la medida que la existencia de una política de desapariciones, entre 1989-1993, “ordenada o tolerada por diversas autoridades del poder público [...], tornó completamente ineficaz el recurso de hábeas corpus”. De acuerdo a esta premisa, el caso configuraba la excepción contemplada en el artículo 46 (inciso 2) de la Convención y, por tanto, era admisible su archivamiento. Según esta cláusula, el requisito de agotamiento de recursos internos en la jurisdicción interna no es aplicable mientras “no exista en la legislación interna del Estado... el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos violados”.

Actualmente, el caso se encuentra acumulado (junto a los casos Barrios Altos, Cantuta y Pedro Yauri) en el proceso abierto contra el grupo Colina que se encuentra en etapa de juicio.