Durante el gobierno de Alberto Fujimori, el Servicio Nacional de Inteligencia empleaba las instalaciones del Cuartel General del Ejército, conocido como “Pentagonito”, como un centro de detención clandestino para los castigos, torturas y ejecuciones a opositores del régimen dictatorial. Fujimori sabía del uso que se le daba a dicha dependencia además que tenía conocimiento de la estrategia y métodos empleados por las Fuerzas Armadas peruanas en la lucha contra la subversión.

La versión los ex agentes del grupo Colina, Jesús Sosa y Santiago Martin Rivas, los cuadernos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y las investigaciones de los casos fueron remitidos a la justicia chilena, a fin de demostrar que durante el gobierno de Fujimori existió un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos que obedecía a una estrategia de lucha contra la subversión diseñada por el mismo Fujimori.

Entre las víctimas que estuvieron recluidas en los Sótanos del SIE figuran los estudiantes de la Universidad Nacional del Callao, Martín Rocas Casas y Kenneth Anzualdo Castro, asimismo, el caso del ex docente ayacuchano Justiniano Najarro Rúa. El desenlace de estos casos fue descubierto a partir de la publicación del libro “Muerte en el Pentagonito”, de Ricardo Uceda, en donde se aclaró que los autores de estos crímenes pertenecieron al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), lugar en donde las víctimas fueron ultimadas y sus restos, calcinados. El libro se basó en el testimonio del ex agente del Grupo Colina, Jesús Sosa, conocido como “Kerosene”, quien narró cómo los estudiantes (Roca y Anzualdo) y el ex docente (Najarro) fueron secuestrados, torturados en los sótanos del SIE y posteriormente incinerados en un horno de dicha dependencia castrense.

A estos casos se agregan los del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti quienes también estuvieron retenidos en las instalaciones del Pentagonito. Incluso, la propia esposa de Alberto Fujimori, Susana Higuchi, fue secuestrada y conducida a los sótanos del SIE en donde fue golpeada y mantenida drogada en un calabozo. Los hechos ocurrieron cuando Fujimori  residía en las instalaciones del SIE, en 1992.

El 21 de setiembre de 2007, la Corte Suprema de Chile otorgó la extradición de Alberto Fujimori por los casos de Samuel Dyer y Gustavo Gorriti.

Samuel Edward Dyer fue detenido, el 27 de julio de 1992, por el General Carlos Domínguez Solís, en ese entonces, Jefe de la Dirección de Contra Inteligencia del SIN, en el Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez”. Luego fue conducido a las instalaciones del SIE, específicamente a los sótanos de dicho establecimiento. La detención se produjo al amparo de una supuesta requisitoria por terrorismo, sin embargo nunca se la mostraron, ni tampoco el control de la oficina de Migraciones del Aeropuerto registraba una orden judicial. El agraviado fue conducido en una camioneta a las instalaciones del SIE y fue recibido por el Coronel Alberto Pino Cárdenas. Allí estuvo retenido en una celda de 3x3 metros, sin agua ni servicios. Ese lugar tenía una pequeña ventana, con rejas al lado izquierdo, por donde no se veía nada. Al parecer se trataba de un corredor. Cuando Dyer salió del sótano vio al requerido caminar por las instalaciones del SIE, acompañado por un grupo de personas de rasgos orientales.

El 6 de abril de 1992, Gustavo Gorriti Ellenbogen fue intervenido en su casa por personal perteneciente al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), quienes los trasladaron en un vehículo a dichas instalaciones. Fue recluido en un sótano. Lo ubicaron en un cuarto en donde permaneció hasta las dos o tres de la mañana del día siguiente. Luego lo remitieron al local de la Prefectura.